Mujer 52 años, de origen ruso. Encontró trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de una ciudad. El dueño del local, que tenía a todos los empleados trabajando en situación irregular, le pagaba 300 euros al mes por trabajar diez horas diarias sin ningún día de descanso. Además, el dueño quería mantener relaciones sexuales con ella, algo que ella siempre rechazó.
A pesar de las condiciones laborales de explotación y del hostigamiento sexual sufrido, se mantuvo en ese trabajo cerca de dos años, bajo la promesa de regularización hecha por el dueño. Al ver que la promesa de contrato y regularización no se llevaba a efecto, durante una inspección laboral que se realizó en el restaurante en 2010, acudió a la policía a denunciar su situación. Los agentes policiales aprovecharon ese contacto para incoarle un expediente de expulsión; le retuvieron su pasaporte, dándole una fotocopia del mismo. Al no tener el documento original, no pudo renovar su pasaporte, que caducó en 2012.
A raíz de ese procedimiento sancionador de extranjería, tiene una orden de expulsión vigente desde julio de 2010. Una noche del mes de marzo de 2013 fue asaltada por dos hombres encapuchados que bajaron de un coche y, a punta de pistola, la obligaron a subir a un monte cercano. Una vez allí, la amenazaron con matarla si no se quitaba la ropa y, ya desnuda, continuaron apuntándole con la pistola, le golpearon la cara, la tiraron al suelo y, enfocándole a los ojos con una linterna, le introdujeron en la vagina frutos de vegetales, como piñas de arbustos.
Tras la agresión, los dos hombres huyeron y ella quedó en el suelo, desnuda, aturdida y cegada. Llamó a su pareja, quien llamó a la ambulancia y a la policía. En el hospital se sintió bien atendida por las profesionales del servicio de urgencias y psiquiatría, a quienes relató lo sucedió, pero la actuación de la Guardia Civil resultó traumática para ella. Los agentes entraron en todas las salas de curas, incluida en la que se realizó la operación de retirada de los restos de lo le habían introducido en la vagina, y tomaron fotografías. Nunca fue citada por el juzgado para comparecer como víctima de agresión sexual. Al contrario, semanas más tarde la Guardia Civil fue a buscarle y se la llevaron a comisaria, donde le tomaron fotos y huellas. Allí le dijeron que iban a iniciar acciones penales contra ella por inventarse la agresión sexual para conseguir los “papeles”. Estuvo en el calabozo, y más tarde la llevaron a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Madrid.