Mujer, vecina entonces de un pueblo de fuera de Euskal Herria, a la que se le practicó una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2006 en una clínica del doctor Morín en Barcelona, cuando tenía 26 años. En 2007 se inició un procedimiento penal contra Morín, acusado de practicar abortos ilegales. Ese año recibió una citación de la Guardia Civil para declarar como testigo. Después se trasladó a vivir a Euskal Herria.
En 2012 le llegó una nueva citación de un juzgado de Barcelona, para que comparezca en el procedimiento penal que se sigue contra Morín. Esto le asustó mucho y se puso en contacto con una abogada de la Asamblea por el derecho al aborto, que le asesoró en lo legal. Le permitieron declarar por video-conferencia. En 2013 se enteró de la absolución de Morín, con lo que entendía que todo ha pasado. Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó la repetición del juicio por no haberse tenido en cuenta una prueba. En 2015 le volvieron a citar vía juzgado y ella repitió el mismo proceso anterior de ponerse en contacto con la Asamblea por el derecho al aborto.
Así, en 2016, diez años más tarde de su IVE, ella ha tenido que volver a declarar, también por video-conferencia, en el nuevo juicio. La defensa intentó evitar que las casi cien mujeres que abortaron en las clínicas de Morín tuvieran que volver a declarar en el juicio, argumentando la validez de su primera declaración, pero la Fiscalía se opuso.