Mujer que fue detenida en una de las redadas contra Segi, junto con otras 36 personas. Fue incomunicada durante tres días, en los cuales sufrió violencia por parte de los funcionarios/as que realizaron los interrogatorios. Después de la incomunicación estuvo durante un año y medio en prisión preventiva. Después de este tiempo y tras pagar una fianza, salió en libertad.

Su denuncia por torturas fue archivada. Tras la celebración del juicio, como gran parte de las personas que fueron detenidas en esas redadas, fue absuelta. Actualmente sigue militando, y hay abierto un procedimiento en su contra por enaltecimiento terrorista. El caso se ha abordado desde la perspectiva de la violencia de Estado (en este caso, el propio régimen de incomunicación y la prisión preventiva se consideran en sí mismos mecanismos para ejercer esta violencia). Específicamente se han analizado la tortura y el trato sufridos durante la incomunicación y el período de prisión, además de los impactos a distintos niveles.