Mujer de 55 años, empleada doméstica en condiciones de explotación laboral. En este trabajo fue objeto de discriminación y menosprecio permanente, con un horario de trabajo extralimitado de 16 horas diarias, con un salario no acorde a sus funciones, sin ningún tipo de prestación laboral y sin la más mínima consideración y reconocimiento.
Fue despedida de manera repentina alegando que ella solicitaba permisos constantemente para poder llevar a su madre enferma al hospital. Como el motivo de sus salidas era justificado, los empleadores alegaron que ella les había robado dinero.
La policía la interrogó como única sospechosa y la presionó para poner sus huellas dactilares en un acta, cuyo contenido se negaron a leerle y explicarle. La mujer se negó rotundamente a hacer lo que le pedían. Tras este incidente la echaron de la casa sin pagarle el salario adeudado de 15 días y sin reconocerle su tiempo de trabajo y demás prestaciones laborales. Ante estos hechos, interpuso una denuncia, aunque sin obtener el apoyo que esperaba, siendo tratada por las instituciones estatales de forma inadecuada y sintiéndose nuevamente violentada de sus derechos y aún más vulnerable, por no saber qué hacer, no entender lo que le decían en las instituciones, no poder leer los documentos que le entregaban y no contar con los recursos económicos para desplazarse, pagar asistencia jurídica y solventar sus necesidades.
Finalmente, con el apoyo de una ONG y del socorro jurídico de una universidad, logró que su proceso avanzara y que el juzgado de lo laboral emita una sentencia justa. El proceso duró aproximadamente 3 años y 8 meses.