Mujer de 50 años de edad, divorciada, sin trabajo formal remunerado y con dos hijos. Su ex pareja es un hombre de 54 años de edad, arquitecto, con una empresa propia y padre de sus dos hijos. Cuando se separaron, los hijos quedaron bajo la custodia de ella y el padre no se responsabilizó de la educación y manutención de estos, por lo cual la madre decidió demandarle por incumplimiento de las responsabilidades paternas.
No tuvo respuesta favorable de las instituciones correspondientes. Más bien al contrario, esta mujer se enfrentó a: a) instituciones que la revictimizaron, cuestionando la paternidad de sus hijos, culpabilizándola y juzgando su vida privada; b) servidores públicos que no actuaron con la debida diligencia y que no investigaron de manera adecuada, y c) un proceso judicial y administrativo muy burocrático, engorroso, dilatorio, poco efectivo, y con un coste económico y emocional muy elevado. Las instituciones le reiteraron en varias ocasiones que no pueden hacer nada para obligar a su ex pareja al cumplimiento del pago de alimentos, a pesar de existir una sentencia que lo ordena.