Mujer de 40 años, divorciada, profesional en enfermería, con un trabajo estable y con dos hijos adolescentes. Enfrentó todo tipo de violencia, incluida la violación sexual, de forma sistemática y desde antes de su matrimonio, por parte de su ex pareja y padre de sus dos hijos, con quien estuvo casada durante diez años.
La sentencia de divorcio dictaminó que sus hijos quedaran al cuidado y guarda de ella, y que su ex pareja debía rendir la cuota alimenticia por los hijos. Además, la casa donde vivieron durante el matrimonio fue establecida como bien de familia otorgado a favor de ella y de sus hijos. Después del divorcio, su ex pareja continuó con las agresiones, aprovechando cualquier forma de contacto para amenazarla, humillarla, insultarla, intimidarla, incitarla al suicidio, etc. El agresor fue denunciado ante diversas instituciones públicas, sin obtener las respuestas necesarias para frenar la violencia. Más bien, fue revictimizada por las instancias públicas, quienes la señalaron como una persona con problemas mentales.
Mediante una modificación de la sentencia de divorcio, el agresor logró quitarle a sus hijos y la casa que anteriormente había sido establecida como bien de familia a su favor, y la obligación de ella de pagar una cuota alimenticia a sus hijos. Durante la tramitación de todo este proceso legal, ella fue acosada, amenazada a muerte y perseguida por el agresor. Acorralada y desesperada, salió del país. Con el apoyo de una organización feminista ahora ha vuelto y se encuentra dispuesta a recuperar la custodia de sus hijos.