Joven de 21 años y estudiante universitaria que actualmente vive con su novio. Tenía claro que no deseaba tener hijos. Al quedarse embarazada decidió interrumpir el embarazo a través de métodos que tuvo a su alcance. Ante un sangrado incesante que ella atribuyó a la menstruación, acudió junto a su pareja a un centro médico privado de la capital para pasar consulta. Allí les informaron de que estaba embarazada e inmediatamente se generó la alarma entre el personal del centro sobre la posibilidad de que se hubiera provocado un aborto. Fue interrogada por las enfermeras, doctores y personal en práctica y objeto de juicios de tipo moral. El personal médico notificó la situación a la policía y la joven pasó cinco días esposada a la cama del hospital y custodiada, donde oficiales de la policía la custodiaron día y noche.
La audiencia inicial del caso fue en 2015, estando ella aún hospitalizada. Se la acusó en un primer momento de intento de aborto consentido y propio, un aborto inducido. No tuvo defensor público, lo cual es ilegal. El juez declaró la nulidad absoluta de todo el proceso, pero poco después la Fiscalía apeló la resolución y se anuló el fallo del juez, estableciéndose una nueva audiencia preliminar en 2016. En esta, el juez, ante la petición de Fiscalía de continuar el proceso en vista pública, ofreció las figuras alternativas de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena y la Suspensión Condicional del Procedimiento. La defensa solicitó esta última figura y el juez resolvió dejando tres condiciones: no cambiar de residencia, no beber bebidas alcohólicas y cuidar niños en una guardería.
En la actualidad está cumpliendo estos tres imperativos, podría ser que durante tres años, pero dependerá del Departamento de Libertad Asistida. Su abogado recuerda que de incumplir las reglas impuestas, podría continuar el proceso penal.